Boletín "Hot Issues": facultades legislativas a los 90 días



Hot Issues Enero

Boletín Hot Issues es un documento elaborado por la práctica de Asuntos Públicos de Burson–Marsteller Perú, que aborda una temática con implicancia regulatoria para el conocimiento de nuestros clientes. En esta oportunidad hemos tocado el escenario que configura la emisión de Decretos de Ley por parte del Poder Ejecutivo durante su período de facultades legislativas.

El Poder Ejecutivo finalizó el período de facultades legislativas asignado por el Congreso de La República con la emisión de 112 Decretos Legislativos (DL) en 5 paquetes de reformas: agilización de la inversión, tributación, simplificación administrativa, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, Petroperú y reglas fiscales. Este paquete tiene como objetivo facilitar la inversión privada y, por lo tanto, apoyar el crecimiento económico del país.

Respecto a las iniciativas que impactan a la economía del país, los DL se enfocaron en dos temas: simplificación administrativa y agilización de la inversión. Como resultado se dieron cambios normativos en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), Obras por Impuestos (OxI) y Asociaciones Público Privadas (APP) con el objetivo de simplificar, ordenar procesos y acercar el Estado al ciudadano.

El Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) fue derogado debido al deterioro del uso y la práctica de este sistema. Actualmente se ha creado Invierte.pe. Con esta medida ya no se requiere un estudio de pre inversión y de factibilidad para todos los proyectos. Ese nivel de estudios, solo será indispensable para la creación y la ampliación importante de una nueva capacidad compleja. Es decir, no se va a requerir SNIP para reposiciones de infraestructura u obras pequeñas.

Respecto a las Obras Públicas por Impuestos (OxI), actualmente, se ha vuelto un sustituto óptimo para la Obra Pública tradicional. En el 2016 la inversión en OxI cumplió un record histórico con S/. 705 millones y para este año, el gobierno ha colocado como meta gastar S/. 1000 millones. Para llegar a este objetivo, se han ampliado los sectores que emplean OxI: inclusión de las funciones de electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, desarrollo social, transportes, comunicaciones y justicia.

Esta reforma también elimina toda mención a la Ley de Contrataciones del Estado. Esta medida se propone con la finalidad de evitar que los funcionarios públicos vean a los inversionistas como contratistas de obras públicas. Asimismo, es importante mencionar que también se ha eliminado el límite de los 15,000 UIT que se había dejado para el gasto de OxI de las regiones: de esta manera, proyectos importantes mayores a los 15, 000 UIT podrán ser ejecutados.

Respecto a la reforma de las APP, se han emitido cambios que se deben resaltar. Se han establecido criterios para la mejor planificación y selección de los proyectos; también se han puesto más claros los roles entre el Ministerio de Economía (MEF), quienes serán encargados de enfatizar todo el tema de financiamiento, endeudamiento y las grandes políticas; y Proinversión, quienes serán los encargados de operar las APP. Por lo tanto, los sectores van a formular sus proyectos pero la viabilidad lo dará Proinversión.

Con todas estas medidas se espera que se dinamice la inversión pública y se destraben los proyectos esenciales para así poder avanzar hacia la modernización del Estado y del país.

Otro paquete de reformas muy importante es la simplificación administrativa. Este paquete nos demuestra que el gobierno ha tomado una posición muy distinta a diferentes administraciones pasadas. Se ha propuesto, de esta manera, pensar en el ciudadano antes que en sí mismo y no solicitar información que el Estado ya tenga en sus sistemas. Por consiguiente, busca ser un Estado más respetuoso del tiempo y de los recursos del ciudadano.

Para las empresas, también se han hecho cambios significativos. Ahora, un sólo trámite requiere un mismo procedimiento a nivel nacional en todo el país. Es decir, se uniformiza la presentación de documentación y se eliminan requisitos. Otras modificaciones se han dado en el terreno de las licencias de funcionamiento. Entre los más resaltantes, encontramos que a partir de ahora PRODUCE aprobará lineamientos para la agrupación de giros complementaros; se permitirán actividades adicionales sin nueva licencia (siempre que no alteren la seguridad); se permitirá la transferencia de la licencia cuando se da un cambio de titular o razón social; los centros comerciales no necesitaran licencia corporativa; entre otros.

También podemos dividir el paquete de simplificación administrativa en 4 lineamientos:

  • Ley del Procedimiento Administrativo General

  • Mejora regulatoria

  • Fortalecimiento de INDECOPI

  • Tecnologías de la Información (TI)

En el primer lineamiento, como se explicó líneas arriba, se busca estandarizar, agilizar y digitalizar trámites. Esto se daría a través de la creación de procedimientos administrativos estandarizados, silencio administrativo negativo, tercerización, TUPA, sanciones y procedimientos en línea.

Respecto a la mejora regulatoria, se espera la revisión y simplificación de procedimientos administrativos a través de una implementación de un sistema de Análisis de calidad Regulatoria (ACR). Este punto aplicaría para las entidades del Poder Ejecutivo, y normas subordinadas a las leyes. En el tercer lineamiento sobre el fortalecimiento de INDECOPI, se busca acelerar el proceso de eliminación de barreras burocráticas. De esta manera, las resoluciones de INDECOPI ahora serán de aplicación general, los denunciantes podrán formular denuncias anónimas y habrá limitaciones a la impugnación judicial de resoluciones. Respecto a las TI, se busca la mejora de la comunicación entre entidades y el Estado; y además a punta claramente a la modernización de los procesos.

Lo positivo de todas estas reformas es que el gobierno quiere cambios. Sin embargo, no estamos exentos de riesgos. Según especialistas, uno de los riesgos que podría ocurrir es que las entidades públicas que dependían de los ingresos de estos trámites, no encuentren las compensaciones de recursos.

Todos estos decretos legislativos deben pasar por la Comisión de Constitución del Congreso de la República. Ellos esperan concluir con la revisión de los DL par el 25 de febrero. Luego, estos DL serían ratificados o derogados, por la Comisión Permanente o el Pleno del Congreso que iniciaría sus funciones a partir de marzo. Por lo tanto, se espera que exista una buena comunicación, diálogo y buen entendimiento entre ambos poderes (Ejecutivo y Legislativo).